Abrir el grifo y que salga agua es un acto cotidiano al que apenas prestamos atención, sin embargo la contratación de este servicio conlleva aparejadas una serie de derechos y obligaciones que debemos conocer como personas consumidoras y usuarias.

Entre nuestros derechos se encuentran:

  • Recibir agua potable.
  • Disponer de forma permanente del suministro contratado.
  • Que se nos facturen los servicios de acuerdo a las cuantías vigentes y con una periodicidad máxima de tres meses.
  • Que se haga una lectura periódica del contador.
  • Que se formalice por escrito el contrato y la libertad de elección del instalador autorizado.
  • Formular reclamaciones.
  • Consultar todas las cuestiones referidas a la prestación y funcionamiento del servicio.
  • Recibir contestación por escrito de las consultas.
  • Visitar las instalaciones de tratamiento de agua.

También tenemos obligaciones, como:

  • Pagar los recibos y las fianzas.
  • Utilizar correctamente las instalaciones
  • Dar toda clase de facilidades para las instalaciones e inspecciones.
  • No ceder agua a terceros.
  • Informar a la entidad sobre cualquier avería.
  • Utilizar el agua para los usos contratados.
  • Informar por escrito cuando queramos darnos de baja.

En determinadas ocasiones se producen cortes en el suministro del agua, que pueden deberse a varios motivos que también debemos conocer:

Los cortes más habituales suelen producirse por labores de mantenimiento que debe realizar la empresa suministradora. Ésta debe avisar a las personas usuarias con 24 horas de antelación.

Existen otras situaciones en las que puede interrumpirse el suministro de agua:

  • cuando la persona consumidora no pague las facturas; se niegue a firmar un contrato aún teniendo suministro; no pague las cantidades que se le pidan en caso de fraude en un plazo de 15 días hábiles; utilice el agua para usos diferentes para los que se contrató; o haga derivaciones.
  • cuando la persona consumidora impida revisar sus instalaciones, incumpla el contrato, su suministro afecte a la potabilidad del agua, se niegue a modificar el contador cuando sea necesario, mezcle aguas de diferente procedencia, impida la lectura de contadores durante doce meses o, por dejadez, no repare las averías de sus instalaciones que le notifica la empresa.

En estos casos, antes de cortar el suministro, la empresa deberá informar al organismo competente y a la persona consumidora por correo certificado. La suspensión no podrá hacerse en festivos o días en que no haya servicio de atención al público, ni en vísperas de estos días.

Cuando se produzca el restablecimiento del servicio, la entidad podrá cobrar una cantidad máxima equivalente al importe de la cuota de contratación vigente para un suministro igual al instalado. Esto deberá realizarse el mismo   día o al siguiente día hábil en que hayan sido solucionadas las causas que originaron el corte.

Motivos sanitarios que pueden provocar cortes en el suministro:

La Administración sanitaria tiene también, entre sus funciones, vigilar la calidad sanitaria del agua que consumimos. Por este motivo, si se detecta que el agua incumple los parámetros de calidad establecidos para el consumo humano, se podrá declarar la no potabilidad de la misma.

Dependiendo del tipo de problema que lo haya motivado, se cortará el suministro o bien podrá ser utilizada en tareas domésticas (como lavado o limpieza de objetos) pero no consumida. En estos casos cada municipio deberá garantizar un mecanismo de suministro de agua potable alternativo hasta la resolución del problema. 

Recuerda que…

En la Federación AL-ANDALUS estamos a disposición de las personas consumidoras que lo necesiten para atender sus consultas y ayudarles con sus reclamaciones a través de nuestro servicio de Asesoramiento, con el que pueden contactar por medio del teléfono 954 56 41 02, del correo electrónico Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. y en la página web www.fed-alandalus.es

Acción enmarcada dentro de la Campaña de Comunicación: ¡ACTÚA! La INFORMACIÓN tu mayor DEFENSA, subvencionada por la Dirección General de Consumo de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.